Rodríguez Zapatero explicó al Grupo Parlamentario Socialista reunido en el Senado las prioridades del Gobierno para el nuevo periodo de sesiones, que coincidirá con el ecuador de legislatura y que el presidente considera decisivo para materializar los proyectos del PSOE.

En el momento en que España está “en tránsito de la recesión a la recuperación” es cuando las reformas previstas serán más efectivas, y por eso desgranó las principales, como el plan de austeridad, del que aseguró que no afectará a “ni una” de las políticas y prestaciones sociales esenciales para la cohesión ni a la ayuda al desarrollo, una afirmación que mereció los aplausos de los diputados y senadores socialistas.

Una de esas reformas es la laboral, y en ese punto Rodríguez Zapatero insistió en que el objetivo fundamental es reducir la excesiva precariedad, “un condicionante serio para el futuro de nuestro país”.

Rodríguez Zapatero esbozó las líneas básicas del documento entregado a patronales y sindicatos, “denso en contenido”, y respondió “a aquellos a los que les gusta la mano dura” y tachan el texto de “light, blando”, para dejar claro que en su opinión es “pacífico”, porque está concebido “para la concertación, para el diálogo, para el acuerdo social, porque esa es nuestra manera de entender cómo se gobierna la economía”.

Reiteró que preservar la paz social en un escenario de crisis económica y de elevado desempleo ha sido un objetivo fundamental del Gobierno, y por ello las reformas deben abordarse con acuerdo social.

De la misma forma, insistió en que la propuesta de reforma de las pensiones está concebida “para el diálogo” en el Pacto de Toledo con el objetivo de garantizar que un sistema “sólido, estable”, que ha permitido mejorar las prestaciones más bajas, siga siéndolo dentro de 25 o 30 años.

Rodríguez Zapatero garantizó a los diputados y senadores socialistas que el rumbo marcado por el Gobierno pretende sacar a España de la crisis pero sin mermar las prestaciones sociales, y el gran reto a largo plazo es la evolución demográfica, que arroja “una ecuación muy sencilla”.

Dentro de dos o tres décadas, explicó, las pensiones costarán más del actual 10% del PIB y hay que tomar medidas “porque nadie pretenderá, supongo, que incrementemos las cotizaciones sociales” y las alternativas tienen que ser “razonables, sensatas, progresivas”, y acordadas.

El debate sobre la reforma, precisó, debe ser “sereno y racional” sobre la base de que no es una propuesta “para esta etapa” y no existe “ninguna urgencia ni requerimiento político, y menos electoral”, sino que pretende dar tranquilidad a los ciudadanos en un horizonte de varias décadas.