Aunque los cita a declarar en calidad de imputados, el magistrado no les atribuye en la providencia ningún delito concreto. La denuncia de la Fiscalía sí habla de indicios de seis supuestos delitos, pero sin atribuirlos a nadie. Se trata de fraude y exacciones ilegales, malversación de fondos públicos, estafa agravada, falsedad documental y fraude a la Hacienda pública y prevaricación.

Además cita a otras nueve personas para declarar como testigos el próximo día 18. Los citados son nueve gerentes y apoderados de la UTE Dique Torres (Dragados, FCC, Drace, Sato y Alvargonzález Contratas) que serán los primeros en declarar en la Audiencia Nacional por las denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción y por una asociación vinculada a Podemos, Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan), por el supuesto fraude e irregularidades en torno a la obra de ampliación de El Musel detectado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).

Gómez Bermúdez dejó la Audiencia la pasada semana tras ser nombrado juez de enlace con Francia. Mientras no se nombra a un juez sustituto de mantera provisional se hace cargo de su juzgado el magistrado Eloy Velasco, que sería el encargado de realizar los interrogatorios en caso de que no se haya nombrado aún un nuevo juez.

El informe de la OLAF detectó supuestas irregularidades en la contratación de la obra y en su ejecución, incluyendo la autorización de los sobrecostes. Además, se detectó que el Puerto pagó a precio de proyecto los materiales extraídos en dos canteras, pese a que Dique Torres los obtuvo según la OLAF sin contraprestación económica directa. La oficina europea habla de supuesta connivencia entre exresponsables de El Musel y de las empresas constructoras.

La obra de El Musel, adjudicada en 499 millones de euros, ha costado 710 millones, incluyendo 124 millones de sobrecostes. La factura puede ser aún mayor si prospera el recurso contencioso que Dique Torres ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para reclamar el pago de otros 350 millones de euros. El TSJA tiene congelada esa reclamación a la espera del resultado de la investigación penal en la Audiencia Nacional.