Así se pronunció Posada, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso tras la celebración de la Junta de Portavoces, explicando que la decisión adoptada se basa en “un informe jurídico que pedí hace 15 días a sugerencia del portavoz socialista”.

En ese sentido, el presidente del Congreso explicó que el contenido de ese informe “avala que se celebre el acto, pero se habla de hechos conocidos con posterioridad a la autorización que nos han hecho reflexionar entre dos bienes que había que contraponer: la libertad de información y de poder reunirse en el Congreso y las consecuencias que con respecto de las víctimas y del propio Congreso tenía esta autorización”.

Del mismo modo, Posada reconoció que en la decisión de la mesa ha influido el hecho de que “las víctimas se han quejado”, así como que “hubo intervenciones controvertidas en el acto que se celebró en 2014, así como la relación especialísima del Congreso con las víctimas”.

Posada quiso dejar claro que “no se trata de prohibir el acto, sino de que no se celebre en ninguna dependencia del Congreso. Hemos debatido si es positivo para las víctimas si este tipo de actos debe celebrarse en el Congreso o que no se celebre en un local del Congreso, pero no entramos en la celebración propiamente del acto”, al tiempo que pidió que “todos debemos hacer esfuerzos para que el terrorismo no divida a los grupos políticos. Hemos discutido, se ha discrepado, sobre la oportunidad de que en el Congreso se celebre esta reunión. No sobre terrorismo. En la Junta de Portavoces no se ha hablado de terrorismo”.

Preguntado sobre las intervenciones “controvertidas” en el acto de 2014 que han influido en la decisión tomada por la Mesa, Posada contestó que ésta fue “de una determinada persona que no manifestó que se hubiera arrepentido de los actos que hubiera cometido”.