El Supremo rechaza, además, los recursos de casación de ambas personas y confirma íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 2014.

La sentencia ratificada consideró probado que González Álvarez, como autor, y Moro Tella, como cooperador necesario, siendo el primero viceconsejero de Bienestar Social del Principado, y el segundo secretario general técnico de la Consejería, realizaron un fraccionamiento ilegal del contrato para instalar hitos conmemorativos para señalizar lugares donde se habían localizado fosas comunes en esa comunidad autónoma de acuerdo con lo establecido en la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Para el Supremo, la prevaricación no se les atribuye sólo por la fragmentación del contrato, sino por la combinación de esa fragmentación, para evitar el procedimiento negociado, y la simulación de la presentación de tres presupuestos, encargando todos ellos a un único contratista a quien previamente ya se había decidido adjudicar el contrato, prescindiendo de la posibilidad de que pudiesen presentarse opciones más favorables a los intereses generales.