De esta manera, la norma pasará ahora a debatirse en el Senado. El informe de la ley recibió 38 votos a favor (PP, PSOE y CiU), dos en contra (PNV y Grupo Mixto) y dos abstenciones (UPyD y La Izquierda Plural).

Además, de las enmiendas presentadas por el PP, se aprobaron cinco de CiU y seis transaccionales sobre la base de propuestas de este grupo parlamentario.

El texto contempla la posibilidad de llevar a cabo un control de las prácticas de comercialización de los seguros por parte de las compañías. Lo llevarán a cabo funcionarios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sin necesidad de identificarse previamente, lo que conoce como ‘mystery shopping’.

Desde el Ejecutivo han explicado que con esta ley se busca construir un nuevo marco que garantice la solvencia de estas entidades. Además, se incorpora al marco jurídico español la directiva Solvencia II.

Así, se quiere proteger mejor los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios, y se promueve la transparencia en el mercado del seguro, lo que contribuirá a la estabilidad del mercado financiero.

En concreto, la norma fija una nueva metodología para asegurar la solvencia de estas entidades, se incorporan nuevas exigencias en materias como la valoración de activos y pasivos, y se les obliga a presentar con periodicidad anual un informe sobre su situación financiera.

El objetivo es tratar de minimizar las posibilidades de insolvencia, especialmente, en escenarios económicos adversos. Para realizar los cálculos de probabilidades y de eventuales situaciones económicas desfavorables, se requiere de una adaptación que se producirá a lo largo de este año.

Por su parte, en materia de gobierno corporativo, el proyecto del Ejecutivo busca fortalecerlo en el caso de estas compañías. Respecto a la supervisión, se incorporan modificaciones en el régimen de revocación de las autoridades administrativas y de la disolución y liquidación de estas entidades.