Así lo explicó este viernes la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó sendos proyectos de ley de carreteras y ferrocarriles y su remisión a las Cortes Generales tras su paso por el Consejo de Estado.

En ambas normativas, el Ejecutivo exigirá una evaluación económica y social previa a la construcción de cualquier nueva infraestructura. En el caso de las carreteras pedirá también un análisis previo de seguridad vial.

Pastor destacó que con estos proyectos “culmina el proceso de reformas” llevado por su departamento para todo el sector del transporte y la logística durante la legislatura.