Los magistrados también han absuelto al exalcalde del delito de desobediencia, al estimar que Bonifacio de Santiago pudo razonablemente entender que la no reiteración de la orden de prosecución del expediente de concesión y el hecho de no se impusiera multa coercitiva alguna, se debía a que la propia Sala de lo Contencioso entendía que la decisión no era firme por poder presentarse recurso de casación.

El tribunal explica también que el delito de desobediencia requiere voluntad flagrante e inequívoca y estima que no es propia de quien, por su condición de no experto, recurre a los servicios de asesores cualificados y hace en todo momento lo que los especialistas le indican ante la complejidad y trascendencia del asunto para su ayuntamiento.

Del mismo modo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid absuelve a los acusados del delito continuado de prevaricación administrativa al considerar que desde una perspectiva estrictamente penal, la autorización provisional demanial de los terrenos cedidos, así como las prórrogas, en las circunstancias del caso ni desbordan de forma clamorosa y patente la legalidad ni abocaron a un grave quebranto de los intereses generales al compatibilizarse con el uso público de las instalaciones, ni se adoptaron en la conciencia y "el propósito de transgredir la legalidad".

Trataba de "dar solución provisional a varios problemas que de súbito se encontró el Ayuntamiento, como eran la imposibilidad de gestionar directamente las instalaciones" y la posible reclamación de una "cuantiosísima" responsabilidad patrimonial.