En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Blanco mostró su confianza “en la responsabilidad de todas las partes” para que se alcance el acuerdo.

Sobre el decreto, afirmó que “se trata de una reforma estructural, de modernización y de rigor económico necesaria para garantizar la eficiencia y la sostenibilidad del sector aeronáutico”.

“No es tolerable que el Estado pague sueldos millonarios a sus empleados mientras el Gobierno pide austeridad al resto de los españoles”, sentenció el ministro, quien agregó que “algo tan fundamental como el tráfico aéreo no puede estar sujeto a otros intereses que no sean los generales”.

Según Blanco, “España no se puede permitir pagar por un servicio público casi el doble de lo que paga el resto de Europa” y atribuyó este desfase a la jornada laboral ordinaria de los controladores.

Por ello el decreto incrementa de 1.200 a 1.750 horas dicha jornada, evitando que estos profesionales ganen 2,65 veces más por un tercio de las horas que trabajan. “Una de cada tres horas que trabajan es extraordinaria y se paga al triple del valor ordinario que ya es alto de por si”, apostilló Blanco, que afirmó que “si lo hiciéramos todos no habría una sola empresa que lo pudiera soportar”.

También regula la organización del trabajo, porque, según Blanco, “son los controladores quienes ejercen la potestad de dirigir este servicio público de acuerdo con sus propios criterios y conveniencias”.

Otras de las medidas impuestas por el decreto son la posibilidad de que se instale el sistema AFIS en algunos aeropuertos y de que operadores privados, tanto españoles como europeos, puedan prestar servicios de tráfico aéreo (restringidos hasta ahora a AENA).

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María teresa Fernández de la Vega, justificó el decreto en “la obligación de garantizar la seguridad, continuidad, eficacia y eficiencia del servicio de tráfico aéreo”.

Además, destacó que tiene “dos objetivos: poner el interés general por delante de intereses particulares y en segundo lugar reducir el déficit y aumentar nuestra competitividad en el sector”.

El decreto, pese a estar ya en vigor, debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados. Por ello, Blanco pidió la “comprensión de los diputados y su colaboración” para “seguir por este camino que es bueno para España”.