En concreto, el Tribunal de Cuentas investiga el acuerdo adoptado el 26 de diciembre de 2003 por el Consejo de Ministros, por el que aprobó el gasto de 2,3 millones de euros para suscribir contrato con la empresa de abogados norteamericana “Piper Rudnick”.

Oficialmente, el contrato se justificó en la necesidad de “asistir al Gobierno de España en la promoción de relaciones más próximas con los Estados Unidos”. Para los demandantes, los abogados José Luis Mazón, Encarnación Martínez y la asociación Preeminencia del derecho, parte de este dinero se destino en realidad a promocionar la concesión a Aznar de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.

“La desviación de fondos públicos para usos particulares, como es la obtención de la citada medalla para Aznar, debe considerarse como una malversación de caudales ya que su aplicación se destinó a usos propios”, señala la denuncia, presentada el pasado 15 de diciembre.

Como primera medida, el Tribunal de Cuenta ha solicitado informe al Fiscal y al Abogado del Estado y ha abierto el plazo para que los denunciantes decidan si quieren personarse como acusación. Si prospera la denuncia, Aznar podría tener que devolver el dinero gastado en la firma de abogados Pipper Runick para conseguir la no lograda medalla.