La asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) explicó a través de un comunicado que los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil están siendo aleccionados en la forma de preservar los derechos de los detenidos: a su dignidad, honor, intimidad, la propia imagen, y presunción de inocencia.

La Fiscalía recomienda que al hablar sobre personas de relevancia pública se les cite con nombre y apellidos, pero no así a quienes no la tienen, que únicamente se les debe citar con sus iniciales.

Igualmente, considera que no es aconsejable ordenar la detención en acontecimientos sociales o en lugares públicos, profesionales o de trabajo, salvo que exista un riesgo de fuga, que no pueda salvarse de otro modo.

La tesis de la Fiscalía es que exponer a un detenido a las cámaras y divulgar información que se está investigando por meros indicios de criminalidad, tiene efectos más gravosos y onerosos que la posible sanción a imponer posteriormente, pues ello afecta a su consideración social y profesional, incidiendo en su reputación y patrimonio.

Por su parte, la IGC denunció que "detrás de esa exhibición ante los medios de comunicación hay intereses políticos, y de grupos influyentes de comunicación, que han hecho de la información, un mercado salvaje, donde todo vale, con tal de vender, y adelantarse a la competencia, o para servir a intereses económicos y de influencia política sectaria".

Este colectivo de agentes de la Guardia Civil dijo coincidir con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, si bien denunció que las instrucciones deberían darse "a las autoridades públicas y políticas" que aprovechan esta clase de acontecimientos para "desacreditar al adversario político, sin respetar la presunción de inocencia".