Así lo anunció Cotino en un pleno urgente de las Cortes Valencianas, a petición del Consell, a raíz del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley que autoriza las obras en este barrio valenciano.

De este modo, señaló que "el Consell hará uso hasta el final de todos los medios jurídicos" para recurrir la orden del Ministerio de Cultura que paraliza las obras en El Cabanyal. Así, dijo, "vamos a presentar un recurso contencioso administrativo" contra dicha orden.

Desde su punto de vista, "lo que está en discursión en este momento es una cuestión política, ya que se ha puesto en cuestión si la comunidad tiene mayoría de edad en el planteamiento legislativo".

En esta línea, reiteró que existen nueve sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y tres del Tribunal Supremo "que no dejan lugar a dudas sobre la legalidad del plan".

"No hay nada que indique al Ministerio que abra un expediente ocho años después", aseveró.

Del mismo modo, reclamó la convocatoria de una comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad Valenciana con el objetivo de "solucionar el conflicto" antes de recurrir al Constitucional.

"Una competencia legítima no puede amparar un ejercicio abusivo y desproporcionado", dijo, al tiempo que destacó que "el Gobierno ha ignorado al Supremo, se ha extralimitado y ha utilizado una competencia para fines de oportunismo político".

Por su parte, la diputada de IU Marga Sanz, defendió que el Gobierno central actúa "correctamente porque las competencias en materia de patrimonio histórico no se transfieren" y consideró que "el único atentado es el de la Generalitat contra la Carta Magna y el Estado de derecho".

Asimismo, la diputada del Grupo Compromís Mónica Oltra, denunció que es "mentira" que existan doce sentencias que avalen dicho plan, ya que, aseguró, "sólo una de ellas habla del conjunto de la actuación" y criticó que el Gobierno de Francisco Camps "no haya sido capaz de sentarse y dialogar con los vecinos de El Cabanyal".

Finalmente, por parte de los socialistas valencianos, Ángel Luna defendió que la orden de Cultura no "atropella la voluntad popular y no es una agresión del Gobierno", porque, se preguntó "si habrá algo mas normal que acudir a un tribunal cuando hay problemas". "Ustedes confunden la crítica con la agresión", subrayó.