En una entrevista concedida a Servimedia, Garzón defendió esa medida para asegurar sueldos de entre 900 y 1.200 euros a un millón de ciudadanos en un año gracias a una inversión neta que rondaría los 9.400 millones de euros y que procedería de ingresos obtenidos de una reforma fiscal y de inversiones europeas.

La financiación sería pública coordinada desde el Estado pero se gestionaría en cada territorio en colaboración con la sociedad civil para asegurar que se crean los empleos necesarios en cada zona, sean de rehabilitación de centros históricos, de labores forestales o de atención a la dependencia, por ejemplo.

Izquierda Unida está aún perfilando los detalles de esa propuesta, que ya ha incluido en el programa marco para las elecciones de mayo y que será también una de las propuestas centrales de cara a las generales.