El empleo ocupa el 26% de las consultas atendidas en 2009 por la Asesoría Jurídica del Cermi
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El ámbito laboral ha ocupado el 26% de las consultas atendidas por el servicio de Asesoría Jurídica del Cermi durante el año 2009. El total de gestiones ha sido de 207, de las cuales 53 estaban vinculadas al empleo de las personas con discapacidad. De éstas, casi la mitad respondieron a consultas sobre empleo público: reserva de plazas en oferta pública, ayudas a la contratación y adaptación del puesto de trabajo.
Por otro lado, el 18% (37 consultas) hicieron referencia a prestaciones sociales, muchas de ellas relativas a la jubilación anticipada; y el 11% (23 consultas) han versado sobre temas de vivienda, casi siempre para la eliminación de barreras en los edificios sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal. El 8% (17 consultas) estaban relacionadas con el transporte, donde se incluyen los problemas con el reconocimiento de la tarjeta de aparcamiento en las distintas comunidades autónomas y los incidentes en transportes públicos.
Otros ámbitos han estado relacionados con el reconocimiento de la situación de dependencia, valoración y prestaciones, igualdad de oportunidades, educación, acceso a la justicia, sanidad, patrimonio protegido, incapacitaciones, etc.
En el informe elaborado por este servicio, el Cermi destaca además que la eliminación de barreras en los edificios sometidos a la Ley de la Propiedad Horizontal es un asunto que continúa generando un número importante de consultas y litigios. Asimismo, la compatibilidad del trabajo remunerado y el derecho a percibir pensiones o prestaciones públicas y la compatibilidad entre prestaciones públicas sigue siendo un tema de especial interés para el sector de la discapacidad.
La autonomía personal y la atención a la dependencia se muestra, también, como un asunto emergente que genera inseguridad entre los consultantes, “sobre todo en relación a los derechos que reconoce la Ley y la falta de conocimiento de los recursos existentes y los mecanismos de defensa de los derechos que genera”, según el informe.
El documento también destaca la falta de información de las personas con discapacidad y sus familias y el desconocimiento de los profesionales que les atienden, tanto de la Administración como abogados, de algunos aspectos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad.
(SERVIMEDIA)
04 Feb 2010
JHM/lmb