Tras presentar el escrito el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, una de las organizaciones firmantes del escrito, destacó que el Constitucional “está incumpliendo sus propias resoluciones”. Según añadió, es “escandaloso” que el TC “conviva durante cinco años sin hacer nada con una ley que tiene profundas apariencias de inconstitucionalidad, a cuyo amparo se están produciendo todos los años decenas de miles de abortos, que a lo mejor un día son declarados inconstitucionales, pero claro eso ya es irreparable”.

El texto, firmado también por el presidente de la Fundación Red Madre, Antonio Torres; la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre; y Susana Macías, directora de la Asociación Árbol de Esperanza de Vida, en representación de todas las asociaciones convocantes de las manifestaciones en defensa de la vida, reclama la opinión de los magistrados sobre el recurso presentado el 1 de junio de 2010 por setenta diputados del Partido Popular encabezados por Federico Trillo-Figueroa.

EN UN CAJÓN

“No es admisible que un Estado de Derecho un expediente esté metido en un cajón sin explicación de ningún tipo, de forma arbitraria, a lo largo de cinco años”, prosiguió Blanco.

El presidente del Foro Español de la Familia criticó el silencio del Gobierno y la política de transparencia de la que presume: "El Partido Popular no está donde estaba hace cinco años. Ellos tienen por qué explicar este cambio. Además llama la atención que en una sociedad democrática no se expliquen".

Y apuntó a intereses políticos en el comportamiento del TC: “La decisión de no tramitar el recurso es estrictamente política, no sé si lo hace de forma autónoma el tribunal o lo hacen por presiones”. Es más, “el TC no tiene que subordinarse a la agenda política del parlamento” y “en derecho no son argumentos serios ni admisibles que estemos en año electoral”.

Los antiabortistas también recordaron que han presentado otras solicitudes urgiendo una decisión de los jueces sobre el aborto. En este sentido, Alicia Latorre recordó que la víspera de la entrada en vigor de la ley pidieron su suspensión cautelar “hasta que no se decidiera si era o no constitucional”. “Y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta”, agregó, recordando que la sociedad civil seguirá haciendo "todo" lo que esté en su mano para evitar abortos.