En el momento de redactar esta información el antiguo miembro del Gobierno andaluz llevaba cerca de cuatro horas declarando. El magistrado encargado de la investigación no ha autorizado la presencia del abogado del PP, puesto que la acusación popular está actuando bajo una única dirección letrada, que en este caso ejerce Manos Limpias, la primera en personarse en la causa.

Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, llegó al Supremo a las 9.45 horas acompañado por su abogada y a bordo de un taxi, que le dejó en la puerta. Su declaración ante el instructor, Alberto Jorge Barreiro, comenzó a las 10.30 horas.

En su comparecencia ante el magistrado, Viera debe explicar su actuación y defenderse de las acusaciones de la jueza Mercedes Alaya, que le considera “uno de los creadores” del sistema de ayudas a empresas en crisis que puso en marcha en 2001 el Gobierno andaluz y que la magistrada considera irregular.

Además de Viera tendrán que declarar ante el Alto Tribunal, a lo largo de las dos próximas semanas, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

Según la jueza Alaya, Viera sería uno de los responsables de que la Junta decidiera otorgar las ayudas sociolaborales mediante transferencias de financiación. Este mecanismo es un instrumento de pago habitual de las administraciones porque agiliza los trámites, pero Alaya considera que la Junta lo utilizó para eludir controles de la Intervención General.

Los informes de la Guardia Civil indican que el exresponsable de Empleo jugó un papel "esencial" para que Sierra Norte de Sevilla acaparara más de la mitad de las ayudas directas a empresas que la Junta concedió entre 2001 y 2010.

Viera tuvo que explicar al magistrado las razones de la adjudicación de 32 millones de euros al grupo Matadero Sierra Morena, para el que trabajó su hija, Sonia Viera, y que es propiedad de dos antiguos concejales del PSOE José Enrique Rosendo y José María Sayago.

Antes de acudir al Supremo, el exconsejero negó haber tenido alguna responsabilidad política en la concesión de ayudas y dijo desconocer que su hija trabajara para ellos.

En su declaración estuvieron presentes los abogados de los otros cuatro exdirigentes andaluces a los que investiga el Supremo. El representante de Chaves es Pablo Jiménez de Parga, y el de Griñán, José María Mohedano, ambos con una amplia experiencia de defensa de casos con implicaciones políticas.