Según afirmó la CNSE, el colectivo "no ha podido disponer de intérpretes para realizar gestiones o acceder a bienes y servicios en lo que va de año".

"De momento, se encuentra a la espera de que la Administración decida a través de qué vías ofrecerá las prestaciones en este ejercicio y, mientras, la interrupción supone que miles de personas sordas no pueden acceder a multitud de bienes y servicios con normalidad", lamenta la organización.

La CNSE considera que "esta comunidad no puede depender de falta de presupuesto, firmas de convenios o de las distintas sensibilidades políticas para disponer de intérpretes", ya que se trata de "una cuestión de derechos humanos".

"La mala coyuntura económica no puede ser, en ningún caso, un argumento para dejar de ofrecer unas prestaciones que facilitan la participación en sociedad a miles de españoles y españolas", concluyó la CNSE.