Según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el periodo medio de pago de las comunidades autónomas se situó en 50,55 días, y el de las corporaciones locales en 29,14 días.

En relación al mes anterior, diciembre, las CCAA han reducido ligeramente su PMP en 0,28 días. Las grandes entidades locales, es decir, las capitales de provincia, de comunidad autónoma o que cuentan con más de 75.000 habitantes, en enero han aumentado su PMP en 9,92 días, un 34%, con respecto al mes diciembre.

Así, el ratio de operaciones de las CCAA pagadas aumentó en diciembre puntualmente como consecuencia del impacto de la realización de pagos con cargo a la dotación extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómico, normalizándose en el mes de enero.

Superan el plazo de 60 días, desde el mes de septiembre de 2014, las comunidades de Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana, mientras que han superado el plazo máximo de 30 días Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia y La Rioja.

Todas las comunidades autónomas han superado este plazo desde el mes de septiembre de 2014, salvo Castilla y León, que lo hace desde el mes de noviembre, y La Rioja, que lo supera este mes de enero por primera vez.

A todas las comunidades anteriormente enumeradas se les ha requerido por parte del Ministerio para que remitan información detallada de las medidas cuantificadas y de su impacto, de forma que permita la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo fijado en la normativa de morosidad.

ENTIDADES LOCALES

El periodo medio de pago para el conjunto de las entidades locales (+34%) tiene su explicación en las operaciones de cierre del ejercicio, donde existen obligaciones presupuestarias de 2014 imputadas a gasto en 2014, pero que no han podido tramitarse y ser pagadas antes del cierre, lo que computa en enero.

Así, cuando el período medio de pago de una corporación local supera el plazo máximo previsto en dicha normativa, la Administración debe incluir en la actualización de su plan de tesorería, medidas que le permitan generar la tesorería necesaria para la reducción de su PMP a proveedores.

Si el incumplimiento persiste, la Administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá establecer medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos.