Terminada la investigación, el juez cree demostrado que el PP tuvo diversas fuentes de financiación ajenas al circuito legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron entradas y salidas de dinero "al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública".

Sin embargo, el PP señaló en un comunicado que “la denominada ‘caja B’, que el juez atribuye al PP, nunca ha sido una contabilidad conocida por este partido”.

Asimismo, no comparte la teoría de la obligación de tributar por el impuesto de sociedades por unas “supuestas donaciones que el PP desconocía” y asegura que las donaciones a los partidos políticos siempre han estado exentas de tributación del impuesto de sociedades.

Además, el PP considera que la aplicación de la normativa del impuesto de sociedades conlleva en cualquier caso el derecho a aplicar los gastos deducibles.

“Con el debido respeto a las decisiones judiciales”, concluye el comunicado, “el PP se reserva las acciones legales que le correspondan, en el ejercicio de su derecho de defensa, en el momento procesal oportuno”.