Así lo dijo a Servimedia el portavoz de FJI, Conrado Gallardo, en referencia al hecho de que la ley limite la instrucción de los sumarios a entre 6 y 18 meses.

Gallardo sostuvo que esos plazos son una “tontería”, ya que, a su juicio, los magistardos ”no van lentos porque quieran”, sino porque “no disponen de los medios suficientes ni se les facilita su labor”. “Poniendo fecha de caducidad en materias judiciales se van a conseguir que se dejen de investigar muchos delitos, como la corrupción”, apuntó este representante de magistrados.

Además, el portavoz de la FJI indicó que no es “transcendental” que se sustituya el actual término de "imputado" por el de "investigado" para las primeras fases de los procesos judiciales. A su juicio, lo que aporta el “desprestigio no es el nombre”, sino el “el delito por el que se imputa a una persona”.

Por otro lado, Gallardo opinó que es “natural" la renuncia en esta reforma a que el Ministerio del Interior pueda intervenir comunicaciones sin autorización judicial, ya que era “inconstitucional” y una “barbaridad”.