Así lo explicó Núñez en una rueda de prensa, donde advirtió al Gobierno que “la única manera de que el rescate no cueste un euro a los españoles es sacar adelante esta sociedad pública”.

Además, recordó que lo establecido por la ley es que el Estado afronte la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) lo que supondría entre 4.500 y 5.700 millones de euros.

En consecuencia, apuntó que si España tuviera que afrontar este pago, lo que haría previsiblemente en 2016, tendría muy difícil el cumplimiento del objetivo de déficit para ese ejercicio, el 2,8%.

A este respecto, recordó que la Comisión Europea estima que en las actuales condiciones el déficit español sería de un 3,7%, lo que supone ya una desviación de nueve décimas, unos 9.000 millones, a los que podría sumarse esta cuantía.

Por otro lado, Núñez anunció que de llegarse a la liquidación se produciría una gran “litigiosidad” que podría, según los cálculos de la patronal constructora, elevar el coste para el Estado hasta unos 8.000 millones.

Este tipo de interés que el Estado pretende fijar en el 1% se aplicaría a los 2.240 millones de la deuda de las concesionarias que quedarían fuera de la quita del 50% y que el Estado pagaría durante 30 años.

Núñez explicó que si el tipo fuera el del Tesoro esto permitiría que la deuda que tienen las entidades financieras extranjeras, que no están dispuestas a aceptar el convenio, pudiera traspasarse a las españolas.