Pujol compareció hoy ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento catalán sobre fraude y evasión fiscal, particularmente por las sospechas e imputaciones contra el expresidente Jordi Pujol y su familia.

En una intervención inicial que quiso realizar, Oleguer Pujol negó que tenga 3.000 millones de patrimonio, puesto que él sólo gestiona inversiones privadas de otros a través de sociedades como Drago Capital. En algún caso admite haber participado en esas inversiones, pero siempre con un porcentaje pequeño de acciones, que, diría después, el resto de inversores a veces le piden como muestra de implicación.

A preguntas de Oriol Amorós (ERC), justificó su incremento de patrimonio del 200% en 2012 porque fue entonces cuando decidió regularizar los 650.000 euros que tenía en Andorra. Ahora, afirmó, ya lo ha declarado todo. También negó poseer los 80 millones en que está valorada una de las empresas que se le atribuyen, puesto que sólo tiene un 6,29% de la misma, y eso lo regularizó en 2014.

Pujol negó rotundamente haber gestionado dinero de sus familiares y, respecto a su parte del legado de su abuelo, 62 millones de pesetas, afirmó haber confiado ciegamente en sus hermanos y gestores hasta los 18 años y desde entonces haber utilizado el dinero como una “reserva” en caso de peligro, no como dinero para invertir, por lo que lo ha gestionado de forma “muy conservadora”. Admitió que fue un error no regularizar todo el legado en 1980.

"NO HAY OPACIDAD QUE VALGA"

También negó que se pueda hablar de blanqueo de capitales en sus operaciones porque el Banco de España y los bancos españoles “miran con lupa a quién dan créditos”, y son “muy rigurosos”. En su opinión, si recibió financiación es porque “no hay opacidad que valga”, independientemente de que se invierta en paraísos fiscales. Además, aseguró que su forma de operar es el modo habitual de hacerlo en la inversión.

A Jordi Terrades (PSC) le aclaró que ha ido “muy poco” a Andorra y que ha dispuesto poco del dinero del legado, con trasferencias de sólo unos 6.000 euros al año, y a preguntas de Santi Rodríguez (PP) describió qué porcentaje de acciones tenían unas empresas en otras, y le comentó que en 2014 regularizó 3,2 millones de euros.

Frente a Joan Mena (ICV), aseguró que como gestor se limita a representar a los accionistas y que si creó sociedades nuevas fue porque éstos así se lo pedían, pues “nadie compra una sociedad antigua y contaminada”, y el ser nuevas es lo que explica que él se convirtiera en el administrador.

También le contestó que, aunque haya empresas localizadas en paraísos fiscales, ello no implica que los beneficios no coticen en España, y que las remuneraciones que él percibía como gestor están en la línea de lo que se paga en el sector.

Además, reiteró que nunca ha trabajado para administraciones públicas, incluida la Generalitat, y desmintió haber tenido un teléfono m óvil que borraba instantáneamente los archivos de su ordenador.

QUERELLA "FUERA DE LUGAR"

A José María Espejo (Ciudadanos) le indicó que si ha participado en ciertas inversiones con una cantidad simbólica es porque “los inversores quieren que te impliques”, y que si los bancos financiaron sus operaciones fue por la solidez financiera de los inversores, no del gestor ni por que él lo fuera.

Finalmente, ante la diputada de la CUP Isabel Vallet defendió el informe de la auditoría Deloitte que justificó el origen de su patrimonio negando que se trate de un informe de parte y ensalzando su objetividad.

También aseguró que ha pagado un 130% de los 650.000 euros que regularizó en 2012 entre recargos e intereses de demora y negó ser un evasor fiscal porque lo es uno a quien investigan y le pillan, y él, en cambio, se acogió a una amnistía legal.

Criticó la querella que le presentó Podemos, que ha derivado en la causa abierta en la Audiencia Nacional, y apuntó que está “fuera de lugar” y que el juez Pablo Ruz ya ha instado a la Fiscalía y la UDEF a que presenten un informe, pues desde octubre, cuando se produjo el “registro innecesario” de su domicilio porque toda la documentac ión ya la había aportado, no han avanzado las pruebas.

Al final de la comparecencia, Amorós y la diputada de CiU Meritxell Borrás se enzarzaron en una discusión en la que ésta acusó al portavoz de ERC de haberse erigido en vocero del Ministerio del Interior y la Fiscalía y Amorós a CiU de no haber contribuido a esclarecer nada en esta comisión. Borrás puso en duda su utilidad.