En concreto, se trata de una sentencia de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que declaró la nulidad del apartado 2 del artículo 1, y del artículo 5 de la orden ministerial de 2011 por la que se revisan los peajes de acceso, se establecen los precios de los peajes de acceso supervalle y se actualizan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, a partir del 1 de octubre de 2011.

Dicha sentencia condena a la Administración a indemnizar a Iberdrola por los mayores costes administrativos generados por la emisión de los documentos necesarios para informar a los clientes, para instaurar las aplicaciones informáticas que permitieron llevar a cabo el proceso de refacturación y para atender las específicas reclamaciones directamente derivadas de éste.