Esta última, contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, incluiría la despatologización de la transexualidad y la puesta en marcha de actuaciones que afecten a todas las áreas de la vida social con el objetivo de conseguir "la igualdad real".

Por otro lado, en su propuesta, el PSOE planteó el incremento de los medios personales y recursos económicos destinados a la justicia, con objeto de ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad.

Asimismo, solicitó la renuncia a la privatización de los elementos que conforman este servicio público mediante la atribución de competencias a determinadas corporaciones, como registradores, notarios, procuradores o mediadores, o la subcontratación de otros servicios que “restan derechos a los usuarios y a los trabajadores que prestan sus servicios”.