Así se desprende de una encuesta difundida este miércoles y realizada por Confederación Aspace y Nutricia entre 600 familias con afectados por parálisis cerebral.

El trabajo indica que el 91,85% de las familias encuestadas han recibido algún tipo de ayuda para adaptaciones técnicas (silla de ruedas, cama articulada, grúa) y que menos de la mitad (46,34%) la han obtenido para adaptar la vivienda o el vehículo a las necesidades especiales de la persona con parálisis cerebral.

Las prestaciones que con más frecuencia tienen asignadas las familias son las de carácter no contributivo, otorgadas directamente a la persona por causa de discapacidad o a los familiares por el cuidado de un hijo con discapacidad (prestación por hijo a cargo), y "son precisamente estas prestaciones, las más frecuentes, las que tienen una cuantía menor", asegura Confederación Aspace.

Aspace inició el pasado 16 de febrero la campaña de recogida de firmas para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para reformar la Ley de Dependencia y fijar cuotas máximas de copago de servicios y su exención en caso de rentas bajas, entre otras medidas.

GASTOS SANITARIOS

Con respecto a los gastos sanitarios, la encuesta indica que más de un 20% de los entrevistados reconocen que deben sufragar el 40% o más de los costes de los medicamentos, mientras que el 9,1% debe abonar el 50% del coste.

En este sentido, añade Aspace, el 22,4% de los encuestados están exentos del copago, mientras que el 32,8% desconoce el porcentaje que debe abonar.

Cuatro de cada cinco familias de las entrevistadas reconocen precisar de la ayuda de una tercera persona de manera habitual, apunta el mismo estudio, que señala también que las madres son quienes ejercen la función de persona de apoyo del afectado por parálisis cerebral, 53% de los casos.

Y la principal consecuencia de esto es que más de un tercio de las encuestadas (36,11%) reconocen haberse visto obligadas a dejar de trabajar y otro tercio (32,41%) a reducir su jornada laboral.

Además, el trabajo afirma que una de cada cinco personas entrevistadas dice no acudir con regularidad a ningún centro o servicio. De entre quienes sí cuentan con estos servicios, las familias acuden con mayor frecuencia a centros de día (90,91%), de educación especial (87,73%) y a centros ocupacionales (72,73%).

En el otro extremo, por su menor recepción de asistentes, se sitúan los de educación inclusiva (centro ordinario), 36,96%, y los centros especiales de empleo, 15,15%, "precisamente por la falta de políticas inclusivas impulsadas desde las administraciones públicas o por la escasa dotación económica para hacerlas efectivas, tanto en educación como en empleo".

En cuanto a las principales necesidades de apoyo que demandan las familias según esta encuesta, son de servicios jurídicos, respiro familiar y ayuda a domicilio.

En prácticamente todos los casos, la mitad de la población o menos reconoce disponer de los apoyos que precisa, sobre todo en lo referente a servicios jurídicos, de respiro familiar y ayuda a domicilio.