Según una información publicada por 'El País', el Gobierno de la Comunidad Madrid tiene un acuerdo con la compañía tecnológica Indra para desarrollar nuevas aplicaciones informáticas, en cuyo desarrollo colaboran una treintena de juristas, entre ellos el propio presidente del TSJ de Madrid, por el que cobran regularmente.

Según el comunicado de Vieira, "la Comunidad de Madrid dispone de un sistema de gestión procesal (GPRO) cuya puesta en marcha se inició en el año 2010 en decanatos, órganos judiciales y fiscalías" que incluye un Compositor de Documentos, "una herramienta cuya función es la de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales".

Explica que para llevar adelante este proyecto "la Comunidad de Madrid requirió de la colaboración de jueces y magistrados además de otro personal de la Administración de Justicia. Para ello se constituyeron grupos de trabajo en cada orden jurisdiccional". Estos grupos estaban compuestos por un magistrado y un secretario judicial designados por el TSJ Madrid.

El magistrado entiende que "la intervención de estos equipos ha sido esencial para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración".

"Como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa Indra, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este Sistema", agrega.

"Todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda, efectuándose las retenciones correspondientes”, asegura el comunicado, que también explica que no había necesidad de solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343”.

Entiende que esta actividad es una forma de “producción jurídica que redunda directamente a favor de la Administración de Justicia, por lo que entiendo que está exceptuada del régimen de incompatibilidades”.