Durante el operativo se ha procedido a la detención de 12 miembros de la organización, tres en Córdoba y nueve en Huelva, entre los que se encontraban los principales cabecillas de la red. También se han detectado 10 víctimas, todas ellas de nacionalidad lituana.

La actividad delictiva de la organización se extendía hasta varios municipios de la provincia de Huelva (Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya y otros). La trama contaba con vehículos minibús para trasladar a los trabajadores a las diferentes fincas donde estos trabajaban y llevarlos de regreso a casa al finalizar su jornada.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia en la Comisaría Local de Benidorm, de dos mujeres de nacionalidad lituana, que decían haber sido traídas desde su país para ser explotadas laboralmente en la provincia de Córdoba.

DIEZ HORAS SIN DESCANSO

Las víctimas habían sido captadas en su país bajo promesas laborales con buenas contraprestaciones económicas -50 euros diarios- por realizar trabajos agrícolas, que no requerían ningún tipo de experiencia profesional ni formación previa, como la recogida de aceitunas.

Las víctimas manifestaron que los captadores facilitaban todo lo relativo al viaje, sobre todo la parte económica, no cobrándoles inicialmente por ello. Les ofrecían la posibilidad de pagar el trayecto a posteriori, una vez se encontraran trabajando en España.

Una vez que aceptaban la promesa de trabajar en España, eran trasladados en varias furgonetas desde Lituania y, ya en territorio español, eran registrados como residentes y se les gestionaba la documentación necesaria para trabajar.

Las condiciones laborales y el salario con los que se encontraban eran muy distintos de lo prometido en su país de origen. En realidad, debían trabajar diez horas diarias sin descanso, para lo cual recibían un salario de tan solo 30 euros semanales.

NO BEBER ALCOHOL

Además, los inmigrantes eran sometidos a un estricto control de movimientos tanto en horario de trabajo como en su tiempo libre. Les estaba prohibido llegar a casa más tarde de las dos de la madrugada, beber alcohol y celebrar fiestas.

Si incumplían estas restricciones, recibían de forma pública un castigo físico, sufriendo también continuas agresiones verbales y físicas por parte de los miembros de la organización, sin motivo alguno.

Una vez conocido el relato del las víctimas, se iniciaron una serie de pesquisas que permitieron corroborar los hechos denunciados y averiguar que empresas y autónomos estaban presuntamente implicados en los hechos, descubriendo además ocho nuevas posibles víctimas recién llegadas a Córdoba desde Lituania.