El XIV dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado este jueves por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, destaca que la AGE ha transferido en estos últimos años un total de 3.753 millones de euros a las comunidades autónomas, con un ahorro (recorte acumulado) para las arcas estatales de un 27,3 por ciento.

Según el Observatorio, esta desinversión ha dejado en una “dificilísima” posición a todas las comunidades “sin excepción”, que son “las responsables últimas de la atención o desatención que prestan a las personas dependientes”.

Además, el estudio añade que, “si al recorte en financiación estatal le añadimos el recorte directo acumulado en las cuantías a percibir por las personas dependientes con prestación por cuidados familiares, 967 millones de euros”, la desinversión pública en el sistema se elevaría hasta los 2.276 millones.

El análisis por comunidades autónomas del estado de la atención a la dependencia, refleja que las autonomías que tenían “un recorrido mínimamente aceptable”, antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 20/2012, que supuso “la derogación encubierta de la ley de dependencia”, han resistido bien “el severo impacto de las reformas”.

Por el contrario, los expertos señalan que “las comunidades que llevaban un retraso considerable, no han podido mejorar en este escenario de restricción presupuestaria, lo que ha provocado la desatención de personas dependientes”.

ESTUDIO POR COMUNIDADES

El observatorio presenta una escala sobre el desarrollo del sistema de atención a la dependencia en las diferentes comunidades autónomas. Según el baremo, Castilla y León (10), Euskadi (7,2) y Andalucía (7,1) presenta una puntuación superior a 7 sobre 10, mientras que, Aragón (3,3), Canarias (1,7) y la Comunidad Valenciana (1,7) continúan en la última posición de la escala, con respecto al último estudio.

Asimismo, destaca la calificación de Ceuta y Melilla (1,7), dos territorios donde la gestión corresponde de manera directa al Imserso, que obtendrían la tercera peor posición, entre la valoración obtenida por Canarias y Aragón.

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, subrayó que está escala se elabora en base a los datos oficiales que publica el Ministerio de Sanidad, a través del Imserso, y a partir de la información que aportan las propias comunidades autónomas. A este respecto, añadió que el baremo se realiza desde 2008 con carácter semestral, por lo que su valor está más en las tendencias y en los análisis de evolución, que en los resultados concretos de un sólo dictamen.

En todo caso, Ramírez afirmó que se trata de analizar los datos oficiales, y a partir de ahí, “las descalificaciones de las comunidades o el propio ministerio carecen de fundamento”. “Podemos discutir sobre si un indicador es más o menos significativo o relevante, pero no sobre los datos oficiales, que son los que son”, remarcó.