La Abogacía y el CEPC, organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia, promoverán actividades para mejorar el ordenamiento jurídico español, europeo e internacional. Ambas instituciones también se comprometen a suministrarse “de forma asidua y preferencial” información sobre las actividades que desarrollen.

Por otro lado, los dos organismos estudiarán la coedición de las publicaciones que tengan su origen en actividades conjuntas y el intercambio de sus respectivas publicaciones.

Ambas entidades han expresado la importancia del valor de la seguridad jurídica y su convencimiento de promover, en sus respectivos ámbitos de actuación, la mejora del entorno normativo español. El protocolo tendrá una vigencia de tres años y podrá ser prorrogado de forma expresa.