El Gobierno amplió hasta el próximo 31 de marzo el plazo inicialmente fijado hasta el pasado 31 de diciembre para que las comunidades de propietarios adecúen sus instalaciones para poder seguir viendo la actual oferta de TDT.

Pero, de acuerdo con los datos proporcionados el pasado lunes por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a 31 de enero cerca de 500.000 edificios (487.649) habían realizado la adaptación de sus instalaciones, y poco más de 670.000 (672.488) comunidades de vecinos habían contratado ya la adaptación.

"Ello significa que, a esa fecha, más del 40% de los edificios todavía tenía pendiente la adaptación de sus antenas y que aproximadamente el 20% de las comunidades de propietarios, o bien no había aprobado aún el presupuesto de su realización, o ni siquiera había contactado con una empresa instaladora autorizada para solicitar dicho presupuesto", señalaron hoy en un comunicado conjunto las principales entidades representativas de las televisiones privadas y autonómicas (Uteca y Forta), los instaladores (Fenitel), el Consejo de Consumidores y Usuarios y el operador de telecomunicaciones Abertis.

Para estas organizaciones, los indicadores de demanda futura, que tienen en cuenta las peticiones y aceptaciones de presupuestos de antenización, "anticipan una preocupante ralentización si no se corrige la tendencia para la segunda quincena de febrero y el mes de marzo".

Por ello, el comunicado hace un llamamiento a los ciudadanos sobre "la importancia de aprovechar la prórroga concedida hasta el 31 de marzo y que no se demoren, en ningún caso, las decisiones de antenización en el seno de las comunidades de propietarios, de modo que el proceso se lleve a cabo sin generar perjuicios a los telespectadores ni a ninguno de los actores implicados".

Los firmantes se han dirigido al Ministerio de Industria para que ponga en marcha, a la mayor brevedad, "una intensa campaña de comunicación para informar y concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de la adaptación, ya que el análisis de las cifras recomienda que se siga ejerciendo una enérgica presión informativa entre los telespectadores, las comunidades de vecinos y los administradores de fincas, a fin de que el proceso de liberación se complete de forma satisfactoria".