En concreto, según recoge Servimedia, en el artículo 5.3 de esta norma interna se dice que “toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en el caso de que resulte imputado por una resolución judicial, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal”.

Acto seguido, establece que esta comisión “trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, ante la Comisión de Garantías de Igualdad a fin de que, si es preciso, estos órganos puedan adoptar o recomendar la adopción al órgano competente de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad”.

Y apunta que “si la persona afectada no informara en los términos expuestos en este apartado, será cautelarmente suspendida de militancia a la espera del resultado del preceptivo expediente informativo o, en su caso, disciplinario”.

El Código Ético ha sido mencionado por el PSOE después de que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán hayan sido llamados a declarar como imputados por parte del Tribunal Supremo, en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, en el que se investiga la concesión de 855 millones de euros en subvenciones y ayudas directas.

Si bien, desde el partido e incluso el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, aclararon que se les exigirá el escaño “cuando se les impute algún delito” e insistieron en que ahora sólo han sido citados como “imputados” porque esta es la figura que permite que acudan ante el juez con asistencia letrada, comparecencia que han pedido “voluntariamente”.

El propio Hernando manifestó que en este caso y ante las preguntas sobre la contundencia de Sánchez en relación a que si resultasen declarados "imputados" se les obligaría a "abandonar" sus escaños de diputado y senador, el portavoz asumió su “error” y dijo que a partir de ahora “se aplicará siempre el criterio del secretario general”.

Por otra parte, el Código Ético, en el artículo 5.2, dice que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.

Por último, aseguran que “en caso de que un cargo público u orgánico resultara absuelto por sentencia firme de los delitos que se le imputaban en un procedimiento penal, el partido se compromete a adoptar las medidas necesarias para restablecer el buen nombre y el honor de la persona absuelta”.