En la segunda jornada de declaraciones de los imputados por el uso de tarjetas opacas de Caja Madrid, el magistrado tomó declaración a nueve persona, que le aseguraron que siempre creyeron que su tratamiento fiscal se ajustaba a la legalidad.

Pese a ello, varios reconocieron que los asuntos relacionados con estas tarjetas no se trataban en el Consejo de Administración y se manejaban “con secretismo”, al igual que lo relativo a la remuneración del presidente de la entidad, Miguel Blesa, del que lo único que sabían es que era “un 15% superior al salario del directivo mejor pagado” de la caja.

Casi todos se quejaron de que los datos que obran en poder del juez contienen errores o apuntes duplicados y explicaron que ya han presentado declaraciones paralelas para cumplir con sus obligaciones fiscales.

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón pidió fianzas civiles para los nueve imputados que declararon hoy, con el fin de cubrir la cantidad que los exconsejeros y exdirectivos gastaron con la tarjeta opaca.

El imputado que aportó un dato más novedoso fue José María de la Riva, nombrado consejero a propuesta del PSOE y que gastó 209.900 euros. Aseguró al juez que hizo una consulta sobre el tratamiento fiscal de lo gastado con las tarjetas y le respondieron que Hacienda estaba al tanto de su uso y que era correcto. No identificó al interlocutor que le hizo dio esta información.