Para CECOMA, la vigente Ley de Cámaras aprobada en 1993 fija unas funciones público-administrativas a estos organismos comarcales, que no podrían ser desarrolladas de otra forma, por lo que pide a Gómez Navarro el mantenimiento de la estructura, organización, funcionamiento y financiación de las Cámaras en su actual configuración".

El motivo de esta petición es el clima de incertidumbre surgido a raíz de una sentencia reciente del Tribunal Constitucional en la que pone en entredicho el derecho de las Cámaras a cobrar cuotas a las empresas afiliadas, sistema por el que se financian estos organismos y cuya supresión haría peligrar su propia existencia.

La petición de los comercios minoristas españoles se uma al apoyo expresado a la Cámara de Comercio de Madrid por más de 100.000 pequeñas y medianas empresas de esta comunidad autónoma que, en la misma línea, piden el mantenimiento de las actuales funciones y sistema de financiación de estas instituciones de representación empresarial.

La polémica sentencia del Constitucional ha llegado incluso a motivar declaraciones de algunas Cámaras, como la de Madrid, en las que aseguraban que existen sectores interesados en sembrar un clima de ambiguedades que no e corresponden con el contenido de la actual ley, ni con los deseos de los beneficiados por ella.

Sin embargo, el ministerio de Comercio, tal y como ha reconocido su titular, estudia actualmente el contenido de la sentencia con el fin de saber si la ley actual incurre en inconstiucionalidad o no, y en caso afirmativo, ha llegado a decir Gómez Navarro, habría que modificarla.

La sentencia del Constitucional sólo anula la Ley de Camaras de 1911, pero lo hace por un sistema de obligatoriedad de pagode las cuotas por parte de las empresas que se mantiene en la nueva ley. Las polémica es si nuevos recursos ante el Alto Tribunal darían lugar a una sentencias de inconstitucionalidad, extremo que ha llevado al Gobierno a analizar con detalle la situación.

EFECTOS DE LA MODIFICACION DE LA LEY

Con esta finalidad, el Ejecutivo ha creado una comisión interministerial que debe haber aclarado su posición antes del próximo 30 de septiembre, si bien, Gómez Navarro deberá reunirse antes con el presidente de Consejo Superior de Cámaras, Guillermo de la Dehesa, y analizar los posibles efectos de una modificación de la ley.

El propio De la Dehesa ha llegado a señalar que la modificación de ley puede hacerse de dos formas, bien aumentar las competencias de las Cámaras para que el Constitucional pueda justificar la adscripción y el pago obligatorio de cuotas a las Cámaras, o bien acabar con esa imposición, lo que supondría para estos organismos dejar de ingresar unos 30.000 millones de pesetas al año.

E la polémica ha entrado también la patronal CEOE, cuyo presidente, José María Cuevas, ha llegado a hablar de agravios comparativos entre su organización y las cámaras, ya que ambos son representaciones empresariales.

Sobre este aspecto, el Consejo de Cámaras afirma que sus instituciones son corporaciones de derecho público gestionadas por empresarios, a diferencia de las patronales, que son asociaciones, por lo que no cabe la comparación.