El diputado de CiU Carles Campuzano fue el encargado de defender la proposición de ley no sin antes recordar que se trata de un tema que se ha debatido “en numerosas ocasiones” en la Cámara Baja.

Campuzano aseguró que la petición responde a “una amplia demanda del tercer sector social y ambiental en Cataluña”, así como “un robusto apoyo político” en esta comunidad autónoma, para que los recursos del 0,7% del IRPF que los ciudadanos marcan en su declaración de la renta sean gestionados por la Generalitat catalana, aunque apuntó que esta demanda también “puede encontrar apoyo” en otras regiones, como Galicia.

Señaló que 12 sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional avalan su propuesta y que “el esfuerzo de los contribuyentes catalanes no se ve compensado con el suficiente retorno”, ya que a Cataluña llegan 29,7 millones de euros para programas sociales y ambientales cuando deberían corresponder 22 millones más, ya que un 25% de las solicitudes de la casilla de otros fines sociales provienen de esta región y a ésta llega un 14% de los recursos, según afirmó.

Campuzano criticó que los gobiernos españoles trasladen “de manera, quizás no muy sutil”, a las entidades sociales de ámbito autonómico que quieran beneficiarse del 0,7% que “deben ir por el camino de articularse a nivel estatal”, con el rechazo de “un importante sector de la sociedad civil catalana, que aspira a construir una sociedad civil autónoma e independiente”.

En este sentido, lamentó la “concepción de la política social claramente jacobina y centralista” de los partidos políticos estatales porque, según añadió, las comunidades autónomas tienen las competencias en materia social.

No obstante, Campuzano subrayó que desde CiU estaban dispuestos a “alcanzar un acuerdo político en esta materia” para cerrar el debate suscitado en los últimos años, de manera que se abra la posibilidad de que los ciudadanos “decidan también cuando hacen su declaración de la renta a qué entidad o a qué programa” quieren destinar el 0,7% del IRPF.

“ACTITUD CERRIL”

La propuesta de Campuzano fue secundada por algunos representantes políticos. Así, la diputada de ICV Laia Ortiz (del grupo La Izquierda Plural) indicó que “el inmovilismo” en esta cuestión provoca “indignación, desapego y cada vez más ruptura democrática”, y defendió que la territorialización del IRPF para otros fines de interés social tiene como ventajas la proximidad entre contribuyentes y receptores, la eficacia en la gestión y la transparencia.

Además, Alfred Bosch (ERC) señaló que la proposición de ley “intenta corregir una injusticia manifiesta”, y María Olaia Fernández (BNG), censuró que el Gobierno español, “con su actitud cerril”, cometa “una inferencia” en las competencias autonómicas en materia de servicios sociales.

El PNV se abstuvo en la votación, después de que su portavoz, Pedro Azpiazu, explicara que Cataluña debe gestionar los recursos generados por el 0,7% del IRPF y las ONG estatales prefieren un modelo centralizado para aplicar políticas en toda España.

El PSOE también se abstuvo. Su portavoz, Luis Carlos Sahuquillo, desmontó los argumentos de Campuzano con un análisis de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y recalcó que “parece” que CiU “quiere comer aparte, comer un trozo más grande la pequeña tarta que puede ayudar a los más débiles”.

Sin embargo, la portavoz de los populares, Ana María Madrazo, indicó que “no se puede territorializar la solidaridad de los españoles” y criticó a Campuzano que no hablara ”de personas” y de “la implicación de toda una sociedad que cuando marca la cruz en su declaración de la renta lo que quiere es mostrar su solidaridad con los colectivos más vulnerables y no está pensando si están en su comunidad autónoma o en cualquier otra parte del territorio, sea español o fuera de nuestras fronteras”.

“Les pido un poco de altura de miras. Siguen ustedes a piñón fijo y a la sociedad española lo que le preocupa es que su ayuda solidaria llegue a las personas que más lo necesitan y la mayor eficacia posible. El planteamiento nos parece disparatado: como los catalanes aportan el 25% de lo que se recauda, ese 25% tiene que gastarse íntegramente en Cataluña. Carece del más mínimo sentido común. La sociedad catalana no sólo quiere ser solidaria con los pobres de su comunidad autónoma y seguro que tiene un concepto más amplio de la solidaridad”, apostilló.

Además, apuntó que la Plataforma de ONG de Acción Social no defiende la propuesta de CiU y añadió que a los diputados convergentes “les molesta las palabras Cruz Roja Española o Cáritas Española, parece que es lo que les escuece”, antes de concluir que “la pobreza y la exclusión social no tiene banderas ni tiene fronteras ni pertenece a determinados territorios.

Por último, Álvaro Anchuelo, de UPyD, destacó que el fin del 0,7% del IRPF para otros fines de interés social es “combatir unos males sociales asociados en general a la pobreza y a la exclusión social”, con lo que ese “dinero” debe repartirse sin entender “de fronteras”.

“En el fondo, el debate es siempre el mismo: hay grupos que dan prioridad a los territorios y otros damos prioridad a las personas”, agregó, con lo que abogó por que la recaudación se destine a “quienes están atravesando situaciones de pobreza y de exclusión social, independientemente de la zona donde vivan y para que situaciones similares sean tratadas por igual en todo el territorio nacional”.