Esta medida, que se incluye en el informe del Ejecutivo para la reforma de pensiones, busca incentivar la permanencia en el mercado de trabajo más allá de la edad legal de jubilación.

El texto señala que debería estudiarse, "de cara a hacer más atractiva la prolongación de la vida laboral", la posibilidad de desvincular la percepción de la pensión privada y "la obligación de jubilarse" a partir de los 65 años.

El Gobierno apunta que "en muchos casos" el mantenimiento de la actividad de los mayores de esa edad se realiza con ritmos y jornadas menos intensas, que también suponen una merma en los ingresos.

Por esta razón, sostiene que hacer complementaria esta reducción en las rentas del trabajo con el plan de pensiones "ayudaría a incentivar" la decisión de permaneceren activo.

Por otro lado, el Ejecutivo también propone mejorar los incentivos fiscales a los planes de pensiones para los cónyuges que no trabajan.

El objetivo de esta medida es mejorar la equidad en los planes de pensiones, ya que, en la actualidad, la mayor parte de los titulares de estas cuentas son varones.

Según el Ejecutivo, el hecho de que el principal atractivo de las pensiones privadas sea el beneficio fiscal, lleva a poner como titular del plan a la persona con rentas mayores.

En este sentido, el Gobierno defiende la "conveniencia" de introducir "moderadas reformas" para mejorar el papel que juegan las mujeres en la previsión social complementario en los supuestos de ruptura de la unidad familiar.

La mejora de los incentivos para los casos en los que las aportaciones se realicen al plan de pensiones del cónyuge se aplicarían en las matrimonios con régimen económico de bienes gananciales.

En cuanto al previsible impacto de pérdida de ingresos que generaría esta mejora de los incentivos, el Ejecutivo sostiene que podrían compensarse con la mejora de la protección y la consiguiente disminución de las cargas económicas que conlleva el mantenimiento de las rentas mínimas.