Este déficit del 11,4% es fruto de un saldo negativo del 9,5% del PIB en la administración de central, del 2,2% de las comunidades y del 0,5% de los ayuntamientos. La Seguridad Social compensó con un superávit del 0,8%.

Así, la desviación final del déficit de las administraciones públicas ha sido de casi dos puntos, pues en la última estimacion oficial reaizada en verano se apuntaba a un 9,5% del PIB.

Según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es un plan "riguroso" con el que "estamos convencidos de que llegaremos a 2013 con los deberes hechos".

La vicepresidenta se refería así al cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que marca que España debe reducir su déficit público por debajo del 3% en 2013. Con esta iniciativa se quiere recortar el déficit en un 5,7% del PIB.

De la Vega destacó que el plan se pondrá en marcha de manera "inmediata" y tiene como objetivo "afianzar nuestro crecimiento y desarrollar la estrategia de economía sostenible".

El plan incluye acuerdos marco con comunidades autónomas y ayuntamientos sobre sostenibilidad de las arcas públicas.

Con las medidas que se van a llevar a cabo el objetivo es que en 2013 el déficit de la administración central se sitúe en el -1,9%, el de las comunidades en el -1,1%, en las entidades locales en el -0,2% y para la Seguridad Social se prevé un superávit del 0,2%.

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, señaló que da por hecho que las comunidades “deben tener un comportamiento igual de responsable” que el Gobierno, y que “todos tenemos que hacer un esfuerzo de contención del gasto”.

Salgado explicó que uno de los pilares de acción es un plan inmediato que supondrá una reducción del gasto presupuestado inicialmente para este año equivalente al 0,5% del PIB. Así, los distintos ministerios deberán proponer antes del 1 de marzo a Economía y Hacienda las partidas concretas a las que afectarán dichos recortes.

Además, durante 2010 la Oferta de Empleo Público se reducirá, sin excepciones, al 10% de la tasa de reposición de efectivos y no se efectuará ninguna nueva contratación de personal interino.

El Gobierno plantea un recorte generalizado del gasto en la administración central que afectará a todas las partidas, excepto a pensiones, prestaciones por desempleo y ayudas a la dependencia, educación e I+D+i, con un impacto equivalente al 2,6% del PIB en el periodo.

Las principales actuaciones se centran en reducción de gastos de personal (-0,3% del PIB), gastos de funcionamiento (-0,2%), inversiones (-0,5%) y transferencias y otros gastos (-1,6%).

Salgado defendió que “con las propuestas de hoy queremos dar confianza a los ciudadanos”, y quiso dejar claro que el Plan de Austeridad “no están previstos incrementos de impuestos”.

Preguntada por si se planteará la eliminación de algún ministerio para reducir gastos, la titular de Economía y Hacienda indicó que “no nos parece especialmente una medida que consiga ese objetivo”.

“Lo importante son las políticas que favorezcan el crecimiento y preserven el gasto social; que eso se haga con 17 ministerios o con 15 no es lo esencial”, añadió.