Así se recoge en el anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y presentado posteriormente en una rueda de prensa por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.

La norma se remitirá a los órganos consultivos del Gobierno para que elaboren el informe pertinente antes de la aprobación gubernamental definitiva y envío al Parlamento.

El texto, al que tuvo acceso Servimedia, señala que “las obligaciones pendientes de pago de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales con las Entidades del Tercer Sector de Acción Social como resultado de conciertos y convenios suscritos en materia de servicios sociales tendrán tratamiento análogo al de otros proveedores”.

El anteproyecto de ley se configura como el primer marco jurídico por el que se reconoce el desempeño de las actividades que desarrollan las organizaciones que se dedican a la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la inclusión y la participación.

Además, reconoce legalmente los organismos ya existentes de participación institucional e interlocución entre las administraciones públicas y las ONG para la elaboración y el seguimiento de las políticas públicas orientadas a apoyar a las personas más vulnerables.

TEMARIOS ESCOLARES

En este sentido, señala entre los objetivos de las políticas públicas en este ámbito “incluir en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas aquellos contenidos y referencias al Tercer Sector de Acción Social precisos para su justa valoración como vía de participación de la ciudadanía y de los grupos en los que se integra la sociedad civil”.

Otros son que las administraciones públicas facilitarán el acceso a las fuentes de financiación disponibles y promoverán los programas de inclusión social de personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad, personas y grupos en riesgo de exclusión social y de atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia.

El anteproyecto de ley señala que las entidades del Tercer Sector de Acción Social “gozarán de los máximos beneficios fiscales” y podrán acogerse al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y a los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que reporta mayores ventajas.

Por último, el texto insta a regular el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y la Comisión de Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, y a que el Gobierno mantenga actualizado un inventario de entidades, que será accesible por medios electrónicos para las personas con discapacidad.