El titular de Justicia respondió de esta manera a una pregunta realizada por la diputada socialista Soraya Rodríguez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Rodríguez le preguntó qué va a hacer el Gobierno tras el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que considera que no se ajusta a la Constitución la intervención de telecomunicaciones sin previa autorización judicial, recogida en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Catalá dijo a este respecto que el texto del CGPJ "es un informe positivo y favorable, que alaba las reformas que se plantean y que hace dos o tres salvedades, pero no para descalificar el proyecto que pretende mejorar nuestra justicia penal".

Explicó a la diputada que el Gobierno está en fase de elaboración de un anteproyecto de ley del que "tendremos ocasión sobrada" de estudiar los informes tanto del CGPJ como del Consejo fiscal y también del Consejo de Estado. "Le aseguro que tenemos tiempo sobrado de debatir la calidad técnica de la ley", agregó.

El ministro de Justicia se refirió, además, al artículo 588 de esta norma, aprobado en 1988 por un Gobierno socialista, que, según Catalá, "ha funcionado muy bien durante 25 años".

"Nosotros hemos planteado la posibilidad de ampliar ese tipo de delitos a otros que hoy tienen especial complejidad, como la trata de seres humanos o la pederastia", argumentó. Al mismo tiempo, declamó que la Lecrim "no deja de ser una propuesta, un anteproyecto, del que vamos a estudiar los informes que iremos recibiendo".

La diputada socialista consideró que en este tipo de normas se habla de "derechos fundamentales sobre los que sustentanos el Estado de Derecho", que "o se respetan o se quebrantan, que es lo que usted hace con la Ley de Enjuiciamiento Criminal". "Su reforma", continuó Rodríguez, "es claramente inconstitucional".

Catalá, no obstante, alegó que el Gobierno está "seguro" de que va a elaborar "una buena ley" y confió contar "con el mayor grado de consenso posible de esta Cámara".