Los grupos parlamentarios han asumido así las insistentes demandas del movimiento social de la discapacidad, que desde que se conocieron los términos de la reforma reclamaba su cancelación.

Y lo reclamaba por suponer "una agresión grave" a los derechos de las personas con discapacidad, en especial con discapacidad intelectual o con enfermedad mental.

El Cermi entiende que las modificaciones que incluía el borrador del Gobierno en cuanto a las medidas de seguridad suponían una "amenaza" a los derechos de acceso a la Justicia de las personas con discapacidad.

Desde esta perspectiva, el movimiento de la discapacidad en España agradece a las fuerzas políticas su apoyo "para evitar este retroceso legislativo" y señala "la actitud favorable" del nuevo equipo del Ministerio de Justicia y del portavoz, José Miguel Castillo, y demás ponentes del Grupo Parlamentario Popular, que se han hecho eco de las peticiones del Cermi y de sus organizaciones más directamente perjudicadas por la reforma, como Feafes y Feaps.

Las medidas de seguridad afectan a determinados grupos de personas con discapacidad en tanto les son aplicables a las que cometen una infracción penal, pero que no son responsables criminales de ella, por resultar inimputables.