El nuevo ministro resposable de la política social hizo este anuncio en su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados.

"Según el calendario escalonado de efectividad de la ley, tras varios aplazamientos sufridos en 2012 y 2013, como consecuencia de la política de recortes sociales, el año 2015 era el límite temporal máximo en el que las personas en situación de dependencia de grado I tenían que entrar al Sistema, generando derecho a prestaciones y servicios", indica el Cermi en una nota.

"Se conjura así", agrega, "el temor de que pudieran producirse más postergaciones en la atención de personas con valoración de la dependencia reconocida, por lo que en principio la aplicación progresiva de la ley quedaría culminada en el año 2015, nueve años después de su entrada en vigor y despliegue".

"No obstante esta noticia positiva, no todas las personas con valoración de dependencia reconocida que generan derecho están recibiendo las prestaciones que la ley les otorga, sino que hay una bolsa enorme de personas que teniendo derecho no reciben atención, lo que debe ser la prioridad absoluta del Sistema", indica la entidad.

El Cermi exige al Gobierno central y a las comunidades autónomas un plan de choque, con recursos suplementarios, para "poner al día el Sistema y suprimir la enorme lista de espera que se ha acumulado en los últimos años, especialmente en las autonomías más retrasadas, cuya dejación ha frustrado los mandatos de la ley".