Según indicó Mario Puerto, vicepresidente de la entidad, en la presentación de un trabajo sobre las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental en los procesos judiciales, la retirada de estas medidas supone una "satisfacción" para los afectados, porque eran "discriminatorias" y "claramente contrarias" a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A juicio de Feaps, la existencia de una discapacidad intelectual o del desarrollo no puede ser la causa última que motive que la aplicación de una medida de seguridad privativa de libertad se pueda prolongar indefinidamente en el tiempo.

Por todo ello, la Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual confía en que el anuncio de la retirada de estas medidas de seguridad se mantenga y llegue a ser una realidad, ya que la reforma del Código Penal tiene que pasar todavía varios trámites en el Congreso y el Senado.