En su recurso, Pikabea solicitaba que se computasen los años de cárcel cumplidos en Francia. Esa medida está recogida en la Decisión Marco 675/2008 de la Unión Europea que España traspuso el pasado mes de noviembre a la legislación nacional. Con posterioridad se incluyó en esa norma una condición para impedir que los etarras fueran excarcelados. Sin embargo, la petición de Pikabea se hizo la primavera pasada, según indica su defensor, Xabier Etxebarria, y por tanto esta reforma legal es posterior al trámite del caso y no debería aplicarse de ningún modo.

Entiende además que una sola sentencia del Alto Tribunal, adoptada en una votación ajustada de nueve contra seis de los miembros de la sala, no es suficiente para generar jurisprudencia en relación con la acumulación de penas y que habrá que esperar para conocer futuras decisiones pendientes, como la del recurso presentado por la Fiscalía contra la excarcelación de 'Santi Potros'.

En el caso de que la Audiencia Nacional acatara sin consulta a Europa el dictamen del Supremo, los etarras afectados podrían recurrir individualmente al Tribunal Estrasbugo, ante el que podrián esgrimir el voto particular de los seis magistrados discrepantes, que aún no se conoce.

Las defensas de estos presos consideran que sus recursos tienen posibilidades de salir adelante si se tiene en cuenta que en junio pasado la Comisión Europea ya instó a las autoridades españolas “a tener en cuenta las condenas extranjeras”.

Esta situación afecta a más de medio centenar de presos que podrían quedar libres si se aplica el criterio de acumulación de penas. Se trata sobre todo de terroristas condenados primero en Francia y que aspiran ahora a que se les reste el tiempo pasado en cárceles del país vecino de la pena que deben cumplir en España.