Ambas entidades señalaron en una comunicado que están recibiendo en sus asociaciones reclamaciones de consumidores a las que sus comercializadoras de electricidad les exigen el pago de cantidades que oscilan entre los 500 y los 5.000 euros en relación con una presunta manipulación de su contador. Sin embargo, advierten de que “las empresas no son capaces de acreditar de forma adecuada en la mayoría de situaciones”.

Además, las compañías “utilizan la amenaza con la interrupción del suministro como fórmula para instar al pago de esas cantidades”, con lo que “se están produciendo situaciones en las cuales los consumidores no disponen de recursos económicos para pagar esas elevadas cantidades y, por tanto, se procede a cortar la electricidad”.

Ante esta situación, CECU y Cauce reclaman al Ministerio de Industria que se modifique la legislación bajo la cual se amparan las comercializadoras para llevar a cabo una práctica que a su juicio “es contraria a la buena fe contractual y es un claro abuso del derecho".

“Bajo una supuesta y no acreditada manipulación, reclaman facturas muy elevadas que no se corresponden con un consumo real y se amenaza, en caso de impago, con cortar el servicio, sin que exista además un procedimiento para poder oponerse a lo que le indica la compañía”, añadieron.