Pablo Llarena, presidente de la APM, dijo a Servimedia que “no existe ningún tipo de restricción constitucional” en España para crear el PNR, conlo cual “cualquier legislador tiene un espacio de opción” para poner en marcha una legislación “más o menos intensa”.

Este juez añadió que el registro europeo de viajeros “puede afectar a algunos espacios de intimidad, pero no es distinto que el control de viajeros que existe en los registros de los hoteles”. A su juicio, regular este campo a partir de criterios de seguridad es “perfectamente admisible” en España.

El portavoz de la APM dijo que esto no es incompatible con que la Constitución contemple que “hay determinados espacios que afectan al núcleo esencial de la intimidad de los ciudadanos” cuyo control policial debe estar judicializado.

Explicó que esto se refiere a las comunicaciones personales, aunque la excepción son las investigaciones relacionadas con el terrorismo. En este caso las llamadas pueden ser controladas policialmente durante veinticuatro horas sin informar de ello a un juez.