Yáñez expresó, en declaraciones a Servimedia, su "absoluto respaldo al gremio de cines de Cataluña" en su reacción "en defensa del libre comercio" y contra unas cuotas que, a su juicio, perjudican gravemente al sector.

Además, criticó la ley el cine por "imponer un modelo homogéneo y radical del nacionalismo catalán también sobre el ámbito de la cultura" y ser "una barbaridad más del Gobierno de Montilla" y "un peldaño más en el intento de trasladar a todos los ámbitos de la vida pública y privada un modelo que no respalda la sociedad".

Sobre si el paro servirá de algo, Yáñez auguró que "la protesta va a ser un éxito desde el momento en que se anuncia que más del 70% de los cines van a cerrar" y que "se tiene que imponer la racionalidad". No sabe si será "ahora o cuando le pase factura a Montilla en las elecciones, pero legislar en contra del 70% de la ciudadanía", aseguró, "es algo que no se sostiene".

La extrapolación del porcentaje de empresarios perjudicados al de ciudadanos tendría su justificación en un estudio encargado por el sector, según el cual el mercado del cine en catalán no llega al 20% y se va a imponer una cuota del 50%, con lo que se pasaría de unos beneficios de 130 millones a menos de 40. "No hay relación alguna entre la demanda de la sociedad catalana y la forma en la que legisla el Gobierno", suscribió Yáñez.

Acerca de si los ciudadadanos que asisten al cine en castellano no podrían pasarse sin dificultades al proyectado en catalán, el presidente de Libertad Lingüística repuso que "la sociedad catalana, a diferencia de su Gobierno, es una sociedad plural", con inmigrantes y extranjeros que forman "una realidad social con la que el Gobierno de Montilla no cuenta nunca".

Para Yáñez, "la realidad es que en la calle se habla tanto catalán como castellano, pero que la demanda del cine en catalán no llega al 20%", y en este sentido estima que "la función del Gobierno debería ser legislar en función de las demandas de la sociedad y no imponer su modelo".