En el examen al que se sometió en la Comisión de Justicia, diversos grupos parlamentarios pusieron en duda la independencia de la Fiscalía General del Estado.

La líder de UPyD, Rosa díez, preguntó a Madrigal si va a hacer como su predecesor, Eduardo Torres-Dulce, y va a actuar “esperando a que antes lo hagan otros”. Por su parte, Gaspar Llamazares, de La Izquierda Plural, pidió que se garantice que Madrigal no ha asesorado al Gobierno para que se pueda confiar en su trabajo.

Asimismo, Jordi Jané, de CiU, lamentó que Madrigal vaya a pasar a ser "la fiscal de un Gobierno", y dijo que precisamente hay que evitar vincular a un fiscal con el poder gobernante.

La fiscal del Estado aseguró que su "voluntad" es atender la opinión de la ciudadanía "en todos los órdenes y en todos los sentidos". En su intervención, defendió la independencia de jueces y tribunales y manifestó que su tarea consistirá en "articular y proporcionar un Ministerio Fiscal autónomo".

Mariscal se marcó como reto al frente de la Fiscalía General del Estado "engrasar el sistema y configurar la especialización de los fiscales", así como implantar secciones especializadas de investigación, que prestarían su "auxilio en investigaciones complicadas".

Además, se comprometió a conseguir una mayor agilidad de los procedimientos para que cumplan su objetivo principal, "aunque tengamos que dividir las causas", con el fin de "obtener una sentencia los más pronta posible" y "evitando las macrocausas".

"INJERENCIAS"

A preguntas del portavoz de ERC, Joan Tardà, Madrigal reconoció que practica el catolicismo en su ámbito privado, aseguró que sólo tiene dos cuentas bancarias gananciales en el banco más cercano y manifestó que nunca ha recibido sanción administrativa ni se ha visto implicada en proceso judicial alguno.

Además, admitió que teme "injerencias del Gobierno, de las instituciones y de los medios de comunicación" en el sentido de que la labor del Ministerio Fiscal "es jurídica y puede ser interpretada en clave política". En esta línea, pidió a todas esas instancias "mantener al fiscal lo más alejado posible de la contienda política".

Prometió que responderá siempre en clave jurídica y, desde esta perspectiva, apeló a la casi unanimidad de los fiscales de sala respecto a la querella por la consulta soberanista del 9-N, presentada por su predecesor, y a su admisión a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para considerarla plenamente justificada. Ella renunció a pronunciarse al respecto y prefirió esperar al desenlace de la instrucción.

A Llamazares y a la portavoz del PSOE, Rosa Aguilar, les justificó haberse acogido a un manifiesto contra el aborto por la libertad de expresión, pero matizó que "una cosa son mis opiniones, a las que tengo total derecho, y otra son mis obligaciones", y éstas son garantizar los derechos y el cumplimiento de las leyes. El que sea necesaria o no una nueva normativa sobre el aborto, puntualizó, es algo que compete sólo al poder legislativo.

En respuesta a Aguilar, Madrigal informó también de que ya ha solicitado un incremento de plantilla en la institución y defendió que las penas se cumplan pronto y de forma inexorable por encima del incremento de la cuantía de las mismas. En este sentido, avanzó que no tiene una opinión "muy favorable" sobre la prisión permanente revisable, pero prefirió esperar a estudiar el tema para tomar una posición más asentada.