Según informó el Frob, estas supuestas irregularidades se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010 y suponen un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros.

El Frob señala que este expediente analiza cuatro tipos de actuaciones concretas y en todas ellas se habría podido producir el cobro por parte de los altos directivos de la entidad de percepciones "excesivas" y en algunos casos "sin que exista constancia del cumplimiento de trámites, como el paso por los órganos de gobierno".