La Confederación Estatal de Personas Sordas (Cnse) manifestó hoy su "satisfacción" por la aprobación y la próxima publicación en el BOE del Real Decreto que contemplará que las administraciones educativas puedan ofrecer asignaturas relacionadas con el aprendizaje de la lengua de signos española y catalana en las etapas de educación secundaria y bachillerato.

Según informa la CNSE, el pasado mes de febrero el Ejecutivo establecía medidas similares para Primaria, reconociendo una consideración que, si bien ya estaba incluida en el artículo 7 de la ley 27/2007 para aquellos centros bilingües con alumnado sordo, se contemplaba por primera vez a la hora de desarrollar un plan de estudio general.

Según Concha Díaz, presidenta de la Cnse, “la lengua de signos es una lengua reconocida legalmente, y por tanto debe estar presente en la oferta educativa de los centros docentes”. Su incorporación a la educación Secundaria supone así, según Díaz, un paso más “en el compromiso del Gobierno de fomentar la inclusión y la calidad educativa”, que “pasa necesariamente por el impulso de una educación bilingüe en lengua de signos”.

Aún queda pendiente, según señaló la presidenta de la confederación, el desarrollo de un reglamento que permita al alumnado sordo beneficiarse de una educación bilingüe-bicultural que incluya la lengua de signos y que asegure además, el acceso igualitario del colectivo independientemente de la comunidad autónoma en la que estudian.

“Sigue sin existir una normativa estatal de referencia que garantice unos mínimos comunes para todas las Autonomías; carecemos de una red de centros bilingües que garanticen el uso y el estudio de la lengua de signos y que cuenten con profesorado sordo; y en la enseñanza secundaria y universitaria, cada vez son más las alumnas y alumnos sordos, padres y madres que denuncian la escasez o ausencia de intérpretes en los centros en los que cursan sus estudios”, afirmó Díaz.

La CNSE calificó como positivo que este nuevo decreto obligue a las Administraciones Educativas a apostar por la flexibilización, por adaptaciones curriculares o por alternativas metodológicas que faciliten la enseñanza en el caso de las personas con discapacidad.

En este sentido, la entidad reclamó asimismo la adopción de medidas que garanticen el acceso de las personas sordas al aprendizaje de idiomas como el inglés, imprescindibles de cara a un futuro laboral.

Las personas sordas, agregó Díaz, han permanecido hasta hoy "exentas de asignaturas como el inglés o el francés, que se exigen conocer en la universidad, al realizar una oposición o al optar a determinados trabajos”, por lo que debe reconocerse su derecho al estudio de lenguas extranjeras “aunque para ello sea necesario que adapten el currículo”.