Este anuncio se produce después de la reciente ejecución de seis personas a raíz del ataque terrorista perpetrado por talibanes la pasada semana en una escuela de Peshawar, que causó 142 víctimas mortales, la mayoría de ellos niños.

El pasado viernes, Pakistán llevó a cabo sus primeras ejecuciones desde 2012, cuando fueron ahorcados dos hombres condenados por su actuación en sendos ataques de talibanes. Desde entonces, otras cuatro personas han sido ahorcadas.

Funcionarios del Gobierno pakistaní han afirmado que unos 500 reos serán ejecutados en las próximas semanas, en tanto que alrededor de 55 personas condenadas por terrorismo serán ahorcadas en pocos días, después de que hayan sido rechazadas sus peticiones de indulto.

El director adjunto del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, David Griffiths, señaló que la cifra de las ejecuciones planificadas es “profundamente inquietante” y supone “una enorme regresión de un gobierno que hasta la semana pasada mantuvo una moratoria” de la pena de muerte.

"Pakistán sufrió una horrible tragedia la semana pasada en Peshawar, pero recurrir a la pena de muerte y amenazar con llevar a cabo bastantes ejecuciones enmascaradas recalcan los problemas subyacentes que deben ser abordados por el gobierno, como que las comunidades que viven en el noreste del país están gravemente amenazadas por la violencia y los abusos de derechos humanos”, añadió.

Griffiths indicó que la ejecución de personas condenadas a muerte no sólo sirve para proteger a los civiles atrapados en el conflicto, sino que elevaría el “muy alto nivel de violencia” que ya se vive en Pakistán.

MORATORIA

De esta forma, el Gobierno pakistaní ha levantado la suspensión de la moratoria sobre la pena de muerte a condenados por terrorismo en respuesta al ataque talibán contra una escuela de Peshawar.

Amnistía Internacional subrayó que el derecho internacional prohíbe la tortura y la imposición de la pena capital por delitos cometidos por menores de 18 años, así como el derecho de todas las personas a tener garantizado un juicio justo.

Esta organización se pone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del tipo o las circunstancias del delito, la culpabilidad o inocencia de las personas y del método empleado para llevar a cabo las ejecuciones.