El magistrado les imputa los delitos continuados de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En su auto de modificación a procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento en el sumario, el juez relata toda una trama que desarrollaron presuntamente los imputados desde 2000 a 2009 para intermediar e influir en adjudicaciones públicas.

Su ámbito de actuación eran operaciones urbanísticas desarrolladas en localidades de la provincia de Barcelona. A cambio de su labor de intermediación los imputados cobraban "cuantiosas comisiones" que ocultaban con la finalidad de hacerlas florecer posteriormente a través de complejos entramados societarios y financieros.

El juez cifra en 6.080.405 euros lo obtenido ilícitamente por Alavedra, y en 14.984.865 euros lo cobrado por Prenafeta, en parte cobrado en forma de comisiones. En el caso de Luis Andrés García, que según el juez tuvo una intervención principal, sus ganancias ascendieron a 5.886.925 euros, y fueron de 1.728.064 euros para Bartolomé Muñoz.

En su auto de modificación a procedimiento abreviado, el juez describe la operativa que establecieron los imputados desde el año 2000 hasta 2009 para intermediar o influir en adjudicaciones públicas.

Ruz detalla tres operaciones urbanísticas concretas llevadas a cabo en los municipios de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, en las que participó siempre el imputado Luis Andrés García Sáez.

El auto describe una dinámica similar de uso de influencias para conseguir adjudicaciones de terrenos, posteriormente se cambiaba el adjudicatario, se recalificaban los terrenos y se vendían a un precio superior. A cambio, los imputados percibían “cuantiosas comisiones respecto de las cuales se procedería ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delicitivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándose de su origen mediante, principalmente, la utilización de complejos entramados societarios y financieros”.

El dinero obtenido por Alavedra y Prenafeta procedía en parte de las comisiones recibidas y quedó oculto a la Hacienda pública, si bien ambos presentaron declaraciones complementarias del IRPF después de que se iniciara la investigación penal.

Los dos imputados y sus esposas desviaron sus ganancias a través de un entramado societario en las Islas Caimán y en Andorra, en el caso de Alavedra, y en Andorra y Suiza, en el de Prenafeta. Las ganancias ilícitas recibidas por Luis Andrés García ascendieron a 5.886.925 euros. En el caso del exalcalde de Santa Coloma Bartolomé Muñoz las comisiones ilícitas alcanzaron 1.728.064 euros.

La investigación que ahora concluye ha abarcado acciones en seis países (Costa Rica, Estados Unidos, Portugal, Alemania, Suiza y Andorra), de donde proceden los últimos datos del mes de octubre.

Tras el análisis realizado por la Agencia Tributaria de los informes presentados en diciembre, el juez considera que las citadas diligencias “permiten dar por concluida la prolija instrucción de estas causa al haber quedado indiciariamente acreditada la comisión sistemática de las conductas objeto de investigación”.