El magistrado les imputa los delitos continuados de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En su auto de modificación a procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento en el sumario, el juez relata toda una trama que desarrollaron presuntamente los imputados desde 2000 a 2009 para intermediar e influir en adjudicaciones públicas.

Su ámbito de actuación eran operaciones urbanísticas desarrolladas en localidades de la provincia de Barcelona. A cambio de su labor de intermediación los imputados cobraban "cuantiosas comisiones" que ocultaban con la finalidad de hacerlas florecer posteriormente a través de complejos entramados societarios y financieros.

El juez cifra en 6.080.405 euros lo obtenido ilícitamente por Alavedra, y en 14.984.865 euros lo cobrado por Prenafeta, en parte cobrado en forma de comisiones. En el caso de Luis Andrés García, que según el juez tuvo una intervención principal, sus ganancias ascendieron a 5.886.925 euros y fueron de 1.728.064 euros para Bartolomé Muñoz.